JAQUE AL REY

Comunicación y Territorio

JAQUE AL REY

PUNTO y APARTE – Nº21, 2021
Segunda Quincena de abril

  • Con una votación muy por sobre los 2/3 esperados en la Camara Alta, el Senado desafía la decisión de Piñera de acudir al Tribunal  Constitucional.
  • En una compleja señal de advertencia, sectores ciudadanos en todo el país se manifiestan con llamados a paros, cacerolazos y algunas barricadas.
  • Oposición estudia una Acusación Constitucional contra el Mandatario.
  • En un hecho inédito, el Comité Político de La Moneda sorprende difundiendo en dos medios de comunicación, carta de respaldo al Presidente.

EL ESCENARIO GENERAL

Aún cuando las cifras de contagios se proyectan hacia la baja y pudieran configurar una tendencia de mantenerse, el Gobierno no tiene espacio para celebrar, ni siquiera para hacer una pausa de alivio. A pocos meses de su término, la actual Administración vive una coyuntura tan difícil y compleja, que solo es comparable con los días del estallido social. Entonces, al menos existió apoyo desde el oficialismo a la gestión gubernamental, y se expresaba una mejor disposición transversalmente, lo que permitió la conducción de las diferencias hacia un diálogo que hizo posible una salida institucional al conflicto, a través del Acuerdo para la Paz y la Nueva Constitución.

Hoy, por el contrario, son contundentes las señales que ha recibido el Mandatario desde su propio sector, cuyos parlamentarios no están disponibles para acompañarlo en su empeño por torcer la mano a la voluntad de sectores que desafían la cuarentena y expresan su enojo, ante las insuficientes ayudas dispuestas por la Autoridad.

La figura presidencial ha ido perdiendo respetabilidad y altura, en parte porque su propia base de apoyo no está dispuesta a cargar con el peso de su baja en las encuestas y el costo de una protesta ciudadana que tiende a crecer junto al rechazo a su gestión, especialmente con miras a los próximos desafíos electorales. Más aun, parece indispensable para la centro-derecha marcar sus diferencias con una Administración tan impopular, alejando cualquier idea de “continuidad” que pudiera minar las expectativas de un próximo período del sector. En otras palabras, mientras más lejos, mejor.

Tampoco el Mandatario atendió oportunamente la oferta entregada por la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, en su reunión en La Moneda, para ampliar y universalizar las ayudas, lo que finalmente y de manera incomprensible, fue igualmente anunciado, pero tan a último minuto que ya no pudo contener la avalancha.

En este escenario, en una iniciativa inédita e incomprensible en un Gobierno, el Comité Político de la Moneda difundió una carta insólita en dos medios, de respaldo al Presidente, donde se señala que la decisión de recurrir al TC por el tercer proyecto de retiro del 10% fue unánime. Este hecho no tiene parangón ni explicación en la historia post dictadura, especialmente porque el Comité Político de un Gobierno es, por definición, de conformación y confianza absoluta del Primer Mandatario.

Acusación Constitucional

Sobrepasado e incapaz de diseñar un camino que le permita una inflexión y descomprimir en algo la presión, al límite por estos días, el Gobierno deja espacio para que la oposición considere pertinente y posible la presentación de una Acusación Constitucional contra el Presidente de la República.

Esta iniciativa, no obstante, tiene pocas posibilidades de éxito, por varias razones. En primer lugar, porque de acuerdo a lo señalado por diversos expertos constitucionalistas, los argumentos para una Acusación de este tipo -que están claramente señalados en la Constitución vigente- deben ser extremadamente sólidos y demostrar que la máxima Autoridad del país incumplió gravemente con los deberes constitucionales que la Carta Fundamental le asigna. Pero más que por eso, por una razón simplemente matemática: la acusación une al oficialismo y con ello se hacen inalcanzables los 2/3 que se requieren en el Senado para darle viabilidad.

Cabe señalar que tal iniciativa contra el Presidente, que tanto entusiasmo provoca en una parte de la oposición, podría resultar una mala jugada que termine torpedeando los incipientes primeros acercamientos que se han impulsado en el sector, en aras de arribar a un candidato único para la próxima contienda presidencial. Ello porque si, como se prevé, la Acusación no cuenta con los votos en el Senado, implicará una derrota innecesaria para la centro-izquierda, con las posteriores desavenencias que ello conlleva y, por el contrario, tenderá a generar unidad natural en el oficialismo.

Con todo, es evidente que la impericia del Gobierno para conducir la crisis sanitaria, política y económica, así como las características propias del Mandatario -que no contempla el acto de ceder- exacerba la situación de tensión actual, y esto pudiese derivar en una dinámica contraria a la paz social que se requiere para el buen desarrollo de las elecciones de mayo próximo.

Paradojalmente, son precisamente esos comicios, especialmente la elección de constituyentes, lo único que podría generar un hito que saque al Gobierno del actual atolladero, desplazando hacia los partidos y su nueva correlación de fuerzas la atención mediática, además de dar inicio a un debate que conducirá a los cambios que demanda la ciudadanía.

En este complejo escenario de gran devaluación de las instituciones, las declaraciones públicas de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, en protesta por la parodia humorística efectuada por un canal de televisión, causaron gran revuelo y preocupación, no dejando indiferente a nadie. Ello, porque el pasado reciente de Chile genera conciencia de los riesgos, y obliga al mayor celo y custodia respecto de la no deliberación y de la subordinación al poder civil al que están obligadas las instituciones que tienen constitucionalmente el monopolio en el uso de las armas.

Elite y Ciudadanía

En todo este acontecer, lo que está quedando cada vez más claro es el divorcio que existe entre la elite y la ciudadanía. Esta última, distante de los procesos electorales en ciernes, se debate principalmente entre el miedo al contagio por el COVID 19 y la necesidad imperiosa de generar recursos mínimos para cubrir las necesidades básicas del hogar. Salvo en algunas comunas del sector oriente de la región metropolitana, miles de chilenos y chilenas se obligan a superar el dolor por la pérdida de algún familiar o las incertezas respecto de la agresividad en los nuevos grupos de riesgo de las nuevas cepas, y desafían las restricciones de movilidad impuesta por la Autoridad, en post de desarrollar alguna actividad laboral. Todo ello, ante la lejanía de una elite, que transversalmente parece mucho más preocupada en temas de la institucionalidad política-económica del país.

Estos sectores se proyectan claramente más concentrados de diseñar el mejor escenario posible para optimizar sus resultados electorales. Así, mientras las preocupaciones del oficialismo se centran en cómo revertir los pronósticos de sus propios estudios, que han puesto en cuestión que el sector alcance un 40% de constituyentes, lo que hasta hace poco parecía garantizado, en la oposición, por su parte, se declara la necesidad de efectuar primarias amplias, que terminan excluyendo a unos u otros, en un camino de dispersión que no han logrado revertir y cuyo origen parece más bien provenir de cálculos matemático-electorales que de un orden ideológico.

La palabra empresarial

La elite económica o el gran empresariado, por su parte, también fue protagonista por estos días, con expresiones que encendieron el debate. Primero fue Juan Sutil, Presidente de la CPC, quien hace unas semanas se lanzó en picada contra la iniciativa parlamentaria que impondría un impuesto a los Super Ricos, ante lo cual el dirigente señaló la posibilidad de que, de darse ese escenario, las grandes fortunas se irían de Chile. Luego fue el turno de Ricardo Ariztía, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien sobre las ayudas que está entregando el Gobierno, dijo que “La gente no llega a trabajar porque reciben los bonos”. La desconexión total de estas expresiones con la realidad angustiante que están viviendo millones de personas por los efectos de la pandemia, dan cuenta de una división profunda en Chile y pusieron más leña en la hoguera del descontento. Ello, además, porque no hay comprensión en la elite de que el debate dejó de ser racional. Ya no se trata de si las políticas públicas son buenas o malas, eficientes o ineficientes -como un nuevo retiro del 10%-, o como el impuesto a los Super Ricos.

Expertos economistas han argumentado sólidamente respecto de las inconveniencias de las últimas iniciativas en discusión. En relación a los retiros del 10%, hay bastante concenso en que estos perjudicarán las pensiones futuras. Sobre el impuesto a los Super Ricos, cuya recaudación surge como una posibilidad de ocupar esos recursos en mejorar las ayudas, Luis Eduardo Escobar, consultor independiente, señaló que “ante una emergencia de financiamiento uno podría pedirle a las grandes empresas que este año tributen 30% en vez de 27%”, agregando que para gastos como el IFE, que son por una vez, está “el endeudamiento, el uso de ahorros soberanos y algunas medidas que son por una vez”. Sin embargo, la discusión hoy está teñida por lo que las personas consideran que es “de elemental justicia” y en contra de los privilegios de unos pocos frente a las necesidades de una mayoría.

En este escenario, las auspiciosas noticias para el repunte de la macro-economía chilena – como la de un precio del cobre estabilizado en US$ 4,26 la libra y un peso chileno evaluado como la moneda más apreciada en el mundo, frente a un dólar que ha sufrido bajas cotizándose en la última jornada a $ 696,8- aparecen muy lejanas para los intereses y preocupaciones de las personas, que no vislumbran en ello ningún beneficio real para el bolsillo y para sus hogares.

PROYECCIONES

  1. Con 6.832 casos nuevos y 179 fallecidos en el día de ayer, el informe del MINSAL parece confirmar que se estaría llegando a una estabilización de los contagios de COVID 19 y que, aunque los altos números de hace unos días aun mantienen al límite la ocupación de camas UCI en el sistema de salud, podríamos comenzar a observar, por fin, una curva descendente. Una alentadora noticia, no solo para lo principal que es la salud de la población, sino también para la recuperación económica y para la mantención del 15 y 16 de mayo como fecha para las próximas elecciones, tras el último aplazamiento.
  2. La imagen que se proyecta en los medios por estos días es la de un Presidente que no escucha, ni el clamor ciudadano, ni los ruegos de su propio sector. Se le muestra obcecado y sin disposición para la mínima negociación política y atrapado en una situación en la que no tiene como ganar: porque si el fallo del TC
    fuera contra el proyecto de retiro, el Mandatario quedaría ante sus gobernados como el gran culpable. Y si el fallo del TC fuera favorable al retiro, el Presidente quedaría igualmente derrotado y aislado. En otras palabras, queriendo ganar se ha conducido hacia una situación en la que solo puede perder.
  3. Las autoridades y toda la institucionalidad política deberían tomar nota de la grave desconexión que se ha ido generando con la base social. Hoy más que nunca se debería internalizar que urgen ayudas sustantivas y reales para la población y el compromiso de las fuerzas políticas a todo nivel de manejar con
    responsabilidad las demandas. Pero el punto de partida lo debe dar el Presidente. De lo contrario, seguiremos asistiendo a un cuadro en que los argumentos
    técnicos, tanto de los expertos como del propio Gobierno, por muy válidos y correctos que sean, no hacen mella en el descontento ciudadano y en la presión
    que están dispuestos a ejercer para revertir la actual situación y alcanzar sus objetivos.
  4. Momentos de gran tensión y conflicto como el actual requieren de gran responsabilidad, para evitar una mayor crispación social que solo puede acarrear más costos que beneficios. En ese sentido se debería tener muy presente que la Acusación Constitucional a un Presidente de la República es una herramienta
    límite. Por ello, las fuerzas políticas deberían calibrar con particular celo su utilización y medir las consecuencias para la estabilidad democrática.

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