PLEBISCITO: CHILE EN UN PUNTO DE QUIEBRE

Nº8, 2020, Segunda Quincena de octubre

• Este domingo los chilenos y chilenas acudirán a las urnas para definir con su voto cual será el camino que tomará Chile para los próximos 50 años.
• El plebiscito es la vía institucional acordada para dar una salida y una conducción política a la demanda social expresada en el estallido del 18 de octubre de 2019. 
• A contrapelo de los temores que ha expresado un sector del oficialismo respecto del plebiscito y el posterior itinerario para una Nueva Constitución, el Fondo Monetario Internacional entregó una proyección optimista sobre el mismo. «Este proceso constitucional abre las puertas a que Chile siga siendo un líder en la región».

EL ESCENARIO

En un país que cambió de manera sensible desde el 18 de octubre de 2019, golpeado por la pandemia del Corona Virus y en el que la desigualdad existente ha quedado fuertemente al desnudo, el pueblo chileno acudirá a las urnas este domingo. Este evento es lejos el segundo más importante desde la recuperación de la democracia y emergió como respuesta de la institucionalidad política a la inédita crisis social que enfrentaba Chile y que tenía al Gobierno sin conducta frente a las permanentes manifestaciones que se habían tomado las calles del país, en un movimiento inédito en los anales de nuestra historia.

El plebiscito del domingo tiene lugar, además, en un Chile con creciente polarización, en un contexto social en el que ya se perdieron los consensos básicos, donde buena parte de la llamada clase media se ha empobrecido y en el que las elites económicas aún no asumen plenamente la necesidad de cambios que estabilicen la democracia. Eso, a lo menos, se desprende de la investigación efectuada por el Círculo de Directores de Empresas, entidad surgida al alero de la Universidad de Los Andes, y la firma de big-data, Unholster, que refleja con claridad que esa renuencia a los cambios tiene como base una visión distorsionada del cuadro real de la desigualdad en Chile.

La violencia es el otro factor que se ha transformado en parte de la realidad nacional y que esta presente en toda movilización social. Aún cuando es evidente que se viene incubando en las últimas dos décadas -por una creciente marginación, abusos y falta de oportunidades- ha llegado ahora a un punto crítico. Su nocivo efecto no solo daña la vida de las personas y el desarrollo de la economía, también socaba a la institucionalidad en su conjunto y tiende a legitimar formas de lucha que son inaceptables en el orden democrático reinstalado con mucho esfuerzo, luego de 17 años de dictadura militar y de enormes costos humanos en esa larga lucha por la recuperación de la democracia.

El reciente primer aniversario del estallido social, recordado con masivas manifestaciones en diversas regiones y especialmente en Santiago dejó, una vez más, la inaceptable secuela de violencia, saqueos, incendios y daños al patrimonio nacional con que suelen terminar estas convocatorias, de las cuales nadie se hace finalmente responsable. Carabineros, por su parte, en un evidente giro estratégico monitoreado por el gobierno para controlar los hechos, evitó muchas confrontaciones directas que complicaran más a un Ministro del Interior  que se encuentra bajo fuego cruzado en el Parlamento y que ahora le costó severas críticas del oficialismo, como el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien afirmó que en los desórdenes de la jornada hubo “falta de Estado”.

Lo que se decide

Pasado un año del estallido social, aun no se registra ningún cambio sustantitvo que anuncie un mejoramiento en la calidad de vida de los chilenos. Si a eso se suma que la pandemia sometió al país a una dinámica que generó más empobrecimiento, cesantía, deudas y la quiebras de muchos negocios medianos y pequeños, el cuadro que circunscribe estos comicios no es menos complejo que el que generó el gran acuerdo del 15 de noviembre de 2019.

La oportunidad de construir una Carta Magna con participación social es un hecho inédito en Chile, que debiera hablarle al mundo de la madurez cívica del pueblo chileno. El evento, sin embargo, se da en un momento de gran controversia  social, donde ni Gobierno ni partidos políticos han mostrado capacidad para diferenciarse y aislar las posturas extremas de ambos lados,  construyendo un diálogo real entre las fuerzas democráticas.

Este evento tiene lugar en un escenario en que la credibilidad de la política y sus instituciones están en su punto más bajo. Baste señalar que la última encuesta CADEM arroja un 16 por ciento de apoyo al Presidente Piñera, un cifra que resta legitimidad al ejercicio del cargo. En el mismo estado de baja evaluación se encuentran el Parlamento y los partidos políticos, lo que se agrava aún más con la desconfianza generalizada de la ciudadanía en todas las esferas de poder, de la que no escapa el mundo empresarial. Lo anterior significa un desafìo mayor para todos los actores, para garantizar un proceso constituyente de altura y cuya legitimidad no esté puesta a prueba a cada paso.

Como ocurre con toda elección, el resultado del domingo tiene incognitas que sólo quedarán resueltas con el computo final que, según se proyecta, se conocerá pasadas las 9 de la noche. Sin embargo, si todas las encuestas han registrado bien las tendencias y opciones ciudadanas, el resultado debería ser un holgado triunfo para el Apruebo y un resultado más estrecho en favor de la Convención Constitucional. 

Si las cosas se dan como los datos hasta ahora lo indican, Chile podrá ingresar a un nuevo período de conversaciones y encuentros masivos, cuyo norte estará en el difícil objetivo de buscar y generar acuerdos que hagan posible y viable los contenidos que una nueva Carta Magna requiere. Lo que surja después de este largo camino y extensas jornadas deberá constituir un marco regulatorio y de derechos constitucionales basados en acuerdos sustentables y con proyección para el próximo medio siglo.

Aún cuando no cabe duda que será un avance y un paso de calidad notable en una sociedad que necesita derechos claramente mejor reconocidos y un sistema político y gubernamental más legitimado y representativo del país en este nuevo siglo, es esperable que muchas materias procedimentales requieran largos tiempos de discusión, como ya ha acontecido en otros países. En ese caso, se necesitará tolerancia y paciencia para concordar soluciones que representen las posturas y sensibilidades diversas que concurran a la discusión. La contracara de este proceso será que por primera vez todos los sectores –o casi todos- estarán representados, lo que dotará a esta experiencia de una legitimdad democrática que quedará registrada en la memoria histórica de Chile.

Datos reveladores

Tanto el estallido social como la pandemia develaron un Chile desconocido para una elite de nuestra sociedad, así como la distancia que existe entre quienes toman las decisiones y quienes sufren las necesidades y consecuencias de las mismas. La mencionada investigación efectuada por el Círculo de Directores de Empresas, muestra que -tomando como parámetro al Banco Mundial que define como Clase Media a las familias cuyo ingreso per cápita se ubica en el rango de $160 mil y $ 800 mil- la elite estima que en el país un 25% es de clase baja, un 57% es de clase media y un 18% de clase acomodada. Las estadísticas reflejan, sin embargo, que en realidad el 77% del país es de clase baja, solo el 20% es de clase media y el 3% pertenece a la clase acomodada.

En otra línea, la empresa CADEM, realizó una consulta a directores y ejecutivos de primera línea sobre lo más urgente que se requiere para normalizar el país, a un año del estallido social. Los encuestados consideraron en un 68% que la prioridad es restituir el orden público, un 17% señaló prioritario un plan económico de reactivación y un 15%, avanzar en el proceso para una Nueva Constitución. Estos resultados contrastan ostensiblemente con la Encuesta de Opinión Pública general de CADEM que, ante la misma pregunta arroja que un 40% de los consultados cree que lo urgente para normalizar el país es un plan económico de reactivación, un 37% que se debe avanzar en el proceso para una nueva Constitución y solo un 22% que la prioridad es restituir el orden público. Esta dramática distancia entre la percepción de la elite y la realidad del país otorga mayor relevancia aun a la composición del Órgano Constituyente, de manera que éste sea capaz de representar al Chile real en la construcción de la nueva Carta Fundamental.   En este contexto, resulta particularmente trascedente lo que señaló recientemente Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental de la entidad Internacional (FMI), en un análisis del debate sobre una nueva Constitución para nuestro país, señaló que «El período que se abre post plebiscito puede ser un período donde los márgenes de incertidumbre gradualmente vayan reduciéndose». También se refirió al abordaje de los temas sociales donde, según su visión, se debe apuntar a que «el proceso de crecimiento de la economía chilena sea dinámico pero mucho más incluyente de lo que fue anteriormente».  La referencia de este importante organismo, llega en un momento en el que se requiere reducir tensiones y fijar la mirada en el futuro. El representante del FMI, también se refirió a los riesgos al decir que este sería el caso si “el proceso constituyente, al final del día, termina decantando por el establecimiento de una multiplicidad de políticas sociales sin el sustento macroeconómico”.

PROYECCIONES

1. En la noche del domingo se necesitará de actos de grandeza de los actores políticos y gubernamentales, en virtud de la trascendencia que tiene este plebiscito para Chile. En un país sometido por una pandemia, que ha sufrido cuantiosas pérdidas humanas y dramáticos efectos, en que la creciente tendencia a la violencia política y delictual ha ido infundiendo temores en grandes sectores ciudadanos y en donde el aun reciente voto voluntario sigue siendo una prueba en desarrollo, nadie puede predecir a ciencia cierta cual será el más probable universo de participación. Cuando lo que se decide involucra el qué y el cómo se enrumbará Chile en los próximos años, el tema fundamental no será ni puede ser cuan representativo sea el universo votante, que arrastra en su historia altos niveles de votos nulos, blancos y crecientes grados de abstención. Lo razonable sería que todos los actores pusieran el acento en los resultados, que es lo que de verdad importa para el curso que tomará la dinámica social y política del país en el futuro.
2. Si se concreta la opción del Apruebo –según indican las encuestas- significará la elección de una vía institucional para resolver la falta de acuerdos y consensos que el país necesita en esta nueva etapa. Eso generará que la discusión por una nueva Constitución sea representativa de la ciudadanía, en un proceso plenamente legitimado electoralmente y con reglas que deben ser concordadas por todos los sectores. En tal sentido, esto se transformaría en una derrota para las visiones polares, representadas tanto por la violencia como mecanismo de cambios social, como por la resistencia a todo cambio.
3. La mirada estratégica debiera estar focalizada en la composición de los constituyentes, ya sea que la opción ganadora sea la Convención Constituyente o la Mixta. Lo deseable sería contar con un elenco lo más ampliamente representativo de la sociedad chilena, con capacidad para aportar constructivamente, con mirada amplia y con disposición para arribar a acuerdos. Y esto dependerá, en gran medida, de la calidad de los candidatos que las fuerzas políticas y las organizaciones sociales pongan en carrera a disposición del electorado.
4. En el área económica, según los datos de la Dirección de Presupuesto (DIPRES), este  gobierno heredará a su sucesor, un alza de un 36% respecto de lo que se pagará en la actual Administración. Los diversos compromisos adquiridos por el Gobierno actual, en un contexto de bajo crecimiento y por las medidas tomadas para palear los desastrosos efectos de la pandemia en las familias y en las empresas -especialmente en las pymes- dejarán su huella en las arcas fiscales. Este año la deuda pública como porcentaje del PIB cerrará en 33,7%, se elevará a 36,4% en el año 2021 y hacia el 2025 alcanzaría un peak de 45%. Lo anterior significa que un próximo gobierno deberá pagar, por concepto de intereses por deuda, un monto de aproximadamente US$ 13 mil millones. Si llevamos estas cifras a proyectar lo que será posible hacer para satisfacer las demandas sociales urgentes, es indudable que el sinceramiento de ellas, así como el manejo de las expectativas serán un factor determinante para la conducción de un proceso constitucional exitoso y en un clima de paz social.
5. En este complejo escenario, la buena noticia la está dando el impulso que muestra la cotización del cobre, que este miércoles cerró la jornada con un alza de 2,4%, llevando su valor a US$ 3,15 la libra, el mayor desde junio del 2018. El principal factor para este positivo efecto se debería entre otros, según los expertos, a que su consumidor más importante, China, levantó las restricciones que había implementado con objetivos ambientales para la importación de chatarra de cobre. De consolidarse esta tendencia, el alivio para las arcas fiscales de nuestro país será evidente ya que, como expresó el Ministro de Minería, Baldo Prokurica, “por cada centavo de dólar que sube la libra de cobre hay ingresos mucho mayores”. Sin duda, un elemento favorable para las proyecciones de recuperación de nuestra economía.